RECHAZAMOS PROCESO JUDICIAL
INJUSTO, RECONOCEMOS SÓLO LA VOZ DEL PUEBLO
Coamo, 10 de
agosto de 2012. Nos informa un miembro del portal de FACEBOOK.COM (Comienza la
cita del ciudadano de Facebook) “que las 6 personas arrestadas el 15 de
diciembre de 2011, en la Reserva Agrícola de Santa Isabel, por defender la
soberanía alimentaria de Puerto Rico, han decidido renunciar al proceso de
Vista Preliminar (VP) por considerarlo un proceso que se ha llevado de una
forma amañada y pro forma. La decisión tomada la expresarán en la vista
señalada para el viernes 10 de agosto a las 10:00 am.
“El mismo
tribunal ha violentado nuestro derecho de tener una justa Vista Preliminar,
cuando el juez que preside la vista, Javier Varela Rivera sirvió de asesor de
Figueroa Sancha cuando era superintendente de la Policía y es el propio
Figueroa Sancha quién provee los servicios de seguridad a Pattern Energy. Aquí
hay un evidente conflicto de interés que hubiera llevado a cualquier persona
imparcial a inhibirse del proceso. Ahora queremos que sea el pueblo quien
juzgue si defender pacíficamente los terrenos agrícolas y la capacidad de
producir nuestra comida es un delito criminal. Le retiramos la confianza al
proceso judicial que junto al gobierno de Luis Fortuño y Rivera Shatz quieren
callar las voces de quienes protestamos por el bien común”, declaró el Dr.
Robinson Rodríguez Pérez, profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de
Mayagüez e imputado.
"Una y otra vez hemos presenciado la
farsa de los procesos judiciales que sólo han sido pro forma. Al encontrar
causa probable durante la Regla 6 en Alzada, la Juez Gladys González (quien a
su vez fue directora ejecutiva de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado
bajo Rivera Schatz) revocó la decisión anterior de la Juez Zoraida Lamboy quien
reconoció el derecho a manifestarse como un derecho constitucional" señaló
el agrónomo y estudiante graduado de la UPR, Raúl Mari Fernández. “Cuando la
juez González encontró ‘causa probable’, esto nos dejó ver la evidente doble
vara del sistema judicial, que ignora la justicia por favorecer los intereses
económicos de pocas personas. También sentó las bases de la criminalización de
la protesta, rechazando completamente el derecho de la libertad de expresión
que salvaguarda la constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos,”
añadió Mari Fernández.
"La Vista
Preliminar ha sido el foro donde más hemos presenciado la corrupción del
proceso. El Juez Varela ha mostrado que la decisión está tomada de antemano por
varias acciones. Se refirió a los arrestados como delincuentes y acusados, al
comienzo de este proceso, cuando aún estamos en vista preliminar y todavía no
estamos acusados de ningún delito. El juez no es imparcial ni objetivo. En
varias ocasiones ha resuelto planteamientos de derecho de manera viciada. Por
ejemplo, la defensa solicitó la inhibición del juez por falta de imparcialidad
y la ley estipula que sea otro juez quien canalice esta moción, pero el mismo
Juez Varela resolvió ‘no a lugar’ ignorando los debidos procesos de ley”
enfatizó Luis Omar García, otro de los imputados.
Varela, además,
falló en contra de los planteamientos de la defensa quienes demostraron la
inconstitucionalidad del artículo 208 (a), pues la amplitud del 208 (a) hasta
criminaliza las huelgas obreras que paralicen un proyecto de construcción, como
una huelga portuaria, por ejemplo. Con esta acción Varela pretende validar las
pretensiones del gobierno de Luis Fortuño y Rivera Schatz de ejercer poder
ilimitado al no establecer límites a la capacidad del estado de regular el
espacio, lugar o la manera de ejercer el derecho a la libre expresión.
"Evidentemente, nos han quitado la parte de libertad en el derecho de la
libertad de expresión, porque el gobierno decide de forma totalitaria cuándo,
dónde y cómo podemos manifestar nuestros reclamos”, reclamó Edwin Velázquez
González estudiante de agricultura de la UPRM.
Van ocho meses
del proceso, que la imputada y los imputados denominan de injusto y corrupto.
“Nos sentimos en la obligación de responder y protestar ante este sistema
judicial saturado de politiquería. Ya no lo reconocemos como justo y
democrático. Ahora más que nunca entendemos que la enmienda 208 (a) y el nuevo
código penal sólo protegen los intereses de pocas personas, entregándole al
sector privado adinerado los recursos del pueblo. Por eso el gobierno de turno
necesita criminalizar a quienes pensamos diferente y defendemos nuestro derecho
a reclamar. Es un intento de intimidar a la gente y de adelantar la agenda y
los bolsillos de los grandes intereses” continuó el Dr. Rodríguez Pérez.
La pena fija por
violaciones al artículo 208(a) es de 6 meses a 3 años de cárcel. La arrestada y
los arrestados nos reafirmamos en que defender la Ley 242 del 2008 que designa
los terrenos agrícolas de Santa Isabel como parte de la Reserva Agrícola de la
Costa Sur de Puerto Rico, proteger las tierras de mayor valor agrícola que son
propiedad del pueblo, defender la soberanía alimentaria y el ejercer el derecho
a protestar pacíficamente no constituye delito.
Todo lo contrario,
es un elemento fundamental de toda sociedad democrática. Javier Smith,
estudiante de economía de la UPRM y uno de los arrestados manifestó de forma
reflexiva que “ahora entendemos que la 208 (a) es sólo el inicio. Pues las
enmiendas al Código Penal también violentan y criminalizan la defensa de
nuestros trabajos, de nuestra educación, de la destrucción ambiental, en fin de
nuestro derecho a disentir, a no estar de acuerdo, a cuestionar al gobierno
cuando éste no actúa en beneficio del pueblo. Desde el 1 de septiembre, serán
criminales quienes protesten y luchen por visibilizar la opresión que vive el
99%. Exhortamos a que así como no vamos a reconocer este proceso injusto en que
nos encontramos, todo el que lucha tampoco debe reconocer las enmiendas al
código penal. No somos criminales, criminales son los funcionarios públicos que
corrompen el sistema” concluyó Smith.
“No podemos
seguir permitiendo que nos callen y logren criminalizar la protesta cuando los
cambios sociales se han logrado precisamente luchando en la calle, reclamando,
exigiendo y participando de la toma de decisiones. Por eso, rechazamos el
proceso judicial a puerta cerrada, sólo reconoceremos los espacios donde pese
más la voz del pueblo. Hoy le negamos la supremacía al sistema judicial y al
gobierno de turno para pedirle al pueblo de Puerto Rico que sea él el que
juzgue por sí mismo si defender nuestras tierras, nuestra agricultura, nuestras
playas, nuestros derechos y exigir una sociedad más justa es un acto criminal.”
Concluyó la estudiante graduada Rosemarie Vásquez Cruz, también imputada del
caso. La lectura de acusación será el 17 de agosto. El juicio en su fondo
comenzará el 5 de septiembre de 2012.
Los contactos
autorizados son: Dr. Robinson Rodríguez Pérez: 787-519-2144, Agro. Raúl Marí Fernández:
787-519-8889, Rosemarie Vásquez Cruz: 787-457-4975, Javier Smith Torres:
787-951-3694, Luis Omar García Mercado: 787-526-8017 y Edwin O. Velázquez:
787-379-4107. Termina la cita del ciudadano de Facebook.com.
En mi opinión
esta injusticia es una violación a los
derechos de los pueblos a protestar en contra de las leyes de mordaza creadas
clandestinamente y disfrazadamente por los gobiernos de oídos sordos fascistas.
Estos gobiernos de oídos sordos a los que no les importa el bienestar de sus
ciudadanos, pero sí le importa la explotación
de su gente para fines de enriquecimiento de una elite selecta de corruptos.
Yo acuso a este
gobierno de oídos sordos y a los pasados
gobiernos de oídos sordos de explotar al pueblo económica, moral y
físicamente, además de crear una
economía de mantengo hacia el continente.
Yo acuso a los gobiernos de oídos sordos de crear una
ley de mordaza ilegal en contra los pobres, los disidentes y patriotas que
sacrificaron su futuro en bienestar de la gente humilde y trabajadora de Puerto
Rico.
Yo acuso de
cómplice a todos los pueblos de las Naciones Unidas en aceptar esta falsa del
Estado Libre Asociado y al continente de ser el autor intelectual de esta falsa.
Yo acuso al gobierno actual y a sus legisladores, de ambos partidos, de crear
esta ley de mordaza con el propósito de
provocar al pueblo en posibles actos de violencia política.
Yo acuso a ambos
gobiernos de oídos sordos de no investigar
las instituciones bancarias de nuestro pueblo en cuanto a los fondos
derivados del comercio de drogas ilegales.
“Toda revolución comienza con actos de
injusticia social en contra de los ciudadanos de esos pueblos y después los
gobiernos de oídos sordos se quejan del por qué en el mundo hay gobiernos de
izquierda.”
Por Ramón Luis
Vázquez Collazo de la Prensa Independiente y Noticiasillescanos.com
