Comienza la cita. “Buenos días. Mi nombre es Luis Omar García Mercado, y comparezco en el día de hoy para expresarme a favor de la aprobación del Proyecto de la Cámara 230 radicado por el Honorable Representante Luis Vega Ramos, y bajo consideración de esta comisión legislativa.
Mi ponencia no pretende ser un tratado jurídico, ni la opinión de un experto. Pretendo brindarles la cara humana de las consecuencias de la aplicación del nefasto artículo 200 que convierte en delito nuestro derecho a la libre expresión.
La manifestación
La manifestación se desarrollaba en las cercanías de la construcción de un complejo de 44 gigantescos molinos de viento de la compañía Pattern Energy en las mejores tierras cultivables de Puerto Rico en el Valle de Santa Isabel.
Nuestro propósito era alertar sobre el grave daño a las tierras cultivables y a la salud de los obreros agrícolas que la construcción de los molinos, de 430 pies cada uno, representaba.
Por el momento, basta señalar un dato. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha clasificado las tierras del Valle Agrícola de Santa Isabel como “suelo primordial”. De la totalidad de la superficie terrestre del planeta, solamente el 11% es arable, y de esa cantidad, el 3% es suelo primordial. Las tierras de Santa Isabel son parte de esa porción del 3% del suelo primordial del mundo.
Desde el momento en que nuestra manifestación comenzó en la mañana del 15 de diciembre de 2011, era notable en el lugar la presencia de oficiales estatales de la Policía de Puerto Rico. A dichos oficiales les peticionamos que hicieran cumplir la ley 242 de 2008 que designa los terrenos agrícolas de Santa Isabel como parte de la Reserva Agrícola de la Costa Sur de Puerto Rico.
Nos esposaron y transportaron hasta el cuartel de la Policía estatal de Santa Isabel. Estuvimos recluidos en una celda desde horas del mediodía hasta aproximadamente las 6 de la tarde que fuimos llevados al Centro Judicial de Ponce para ser presentados ante un juez. La vista de causa para arresto se celebró a las 11 de la noche y fue presidida por la Honorable Juez Superior Zoraida Lamboy. Desde el momento de nuestra detención hasta la vista de causa para arresto, pasaron 11 largas horas.
Durante la vista de causa para arresto la Honorable Juez Lamboy reconoció la validez de nuestra manifestación determinando no causa. Como dato curioso, esta juez no fue renominada a su cargo por la pasada administración gubernamental.
Desde el inicio de la Vista Preliminar el Juez Javier Varela Rivera demostró que su decisión de encontrar causa para juicio estaba tomada de antemano. En contestación a una moción presentada por la defensa sobre la inconstitucionalidad del artículo 208 (a), hoy 200, se refirió a nosotros los arrestados como delincuentes. En varias ocasiones resolvió planteamientos de derecho de manera viciada. Cuando la defensa presentó una moción solicitando su inhibición por falta de imparcialidad, aunque la ley estipula que sea otro juez quien canalice esta moción, el mismo Juez Varela Rivera resolvió “no ha lugar” ignorando los debidos procesos de ley.
El Juez Javier Varela Rivera fue asesor en materia de seguridad de José Figueroa Sancha mientras éste era Superintendente de la Policía. Figueroa Sancha brindaba servicios de seguridad a Pattern Energy en el complejo de molinos de viento al momento en que se celebraba nuestra vista preliminar. ¿Debió haberse inhibido el Juez Varela Rivera de ver nuestro caso? Juzgue usted.
Desde que fuimos detenidos el 15 de diciembre de 2011, los 6 acusados hemos comparecido al Centro Judicial de Ponce en 26 ocasiones. Un año y dos meses después de nuestra detención, aun esperamos por el inicio del juicio por jurado.
Las consecuencias negativas de haber sido sometidos a este largo proceso judicial han afectado nuestras vidas en todos sus aspectos. Hemos tenido que ausentarnos continuamente de nuestros empleos y cursos universitarios, y en mi caso, faltado a compromisos de búsqueda de empleo.
Pero más que tener que ir continuamente al tribunal, pesa sobre nuestras familias la incertidumbre sobre el desenlace final del caso. Imaginen señores legisladores, la posibilidad de ser encarcelados durante 3 años, como establece el artículo 200, por participar en una manifestación pacífica.
Por suerte contamos con un equipo legal que ha donado solidariamente su tiempo, los licenciados Martín González Vázquez, Martín González Vélez, Pedro Santiago, Miguel Castro Vargas y Luis Quiñones.
Ciudadanos y ciudadanas solidarios con la defensa del futuro alimentario de Puerto Rico nos han acompañado durante este largo proceso legal. La mayoría nos expresan continuamente lo indignados que se sienten ante la criminalización de nuestro derecho a la libre expresión.
Señores legisladores, está en sus manos decidir que ningún habitante de nuestra nación tenga que pasar por un proceso criminal tan injusto como el que hemos pasado, por amar nuestra Patria y tomar acción para defenderla.
A modo de conclusión
Las organizaciones ambientales y comunitarias que luchamos por la protección de nuestro medio ambiente contamos con limitados recursos económicos para ejercitar nuestro derecho a la libre expresión. No tenemos cabilderos a sueldo, ni podemos pagar anuncios a página completa en la prensa escrita, o pautas de radio y televisión, para visibilizar nuestros reclamos. Solo nos queda la protesta legítima y creativa como medio para hacernos escuchar ante el Estado y los grandes intereses económicos.
Habrá quienes planteen que existen procesos de tipo administrativo en las agencias gubernamentales para nuestras quejas o que podemos acudir a los tribunales a solicitar remedios. Pero cuando se trata de la defensa de nuestro medio ambiente se nos va la vida. Esperar a que la burocracia del Estado decida actuar, puede ser en muchos casos, catastrófico.
Ningún tribunal ni agencia pública puede volver a su estado original un bosque que ha sido talado, una quebrada secada, una costa erosionada, un sistema de corales que ha sido destruido, o unos terrenos agrícolas que tardaron millones de años en constituirse.
El hoy gobernador de Puerto Rico Honorable Alejandro García Padilla, y miembros de esta Asamblea Legislativa hicieron un compromiso con el pueblo de derogar los artículos del Código Penal que criminalizan la libre expresión. Señores legisladores, hoy venimos aquí a recordarles ese compromiso. Cumplan su palabra.” Termina la cita.