ACUSAN A SIETE PERSONAS POR FRAUDE AL SEGURO SOCIAL
Coamo 8 de
diciembre de 2016. La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez anunció hoy,
jueves, que siete personas fueron acusadas por fraude al Seguro Social por
reportar que no podían trabajar aunque tenían empleo.
Un Gran
Jurado acusó a los siete individuos de robo de propiedad gubernamental, ocultar
o no divulgar actividad laboral al Seguro Social y ofrecer declaraciones
falsas.
“Este es un
gran ejemplo de los continuos esfuerzos del gobierno por disuadir el fraude
contra los programas de Seguro Social. El Departamento de Justicia se
compromete a investigar y enjuiciar a los que participan en esquemas
fraudulentos”, dijo la fiscal federal.
Según se
desprende del pliego acusatorio, los acusados malversaron, robaron y se
apropiaron de los pagos del Seguro Social.
Los acusados
fueron identificados como Arturo Santiago Acevedo y Erick Malav Hernández.
Estos, como parte de sus beneficios de incapacidad, se hicieron elegibles,
solicitaron y recibieron beneficios bajo el programa Medicare.
Los otros
cinco acusados son Ferdinand Negrón-Candelaria, Jorge M. Bultrón Casas, Nancy
López Villanueva, Aracely Amadeo Pumarejo y Luz B. Hiraldo Rivera.
“Esperemos
que esta ronda de detenciones disuada a más personas de participar en este tipo
de planes, porque vamos a seguir investigando estos crímenes”, añadió Rodríguez
Velez.
De ser
encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar una pena máxima de 10
años de prisión o multas de hasta $250,000.
El esquema
de corrupción de estos acusados consistía en informarle a la Revisión Continua
de Discapacidad (CDR) que no podía trabajar debido a problemas de salud, cuando
en realidad tenían un trabajo.
“El programa
de Seguro de Discapacidad del Seguro Social está destinado a apoyar a las
personas realmente necesitadas de este beneficio importante y ganado, no a
aquellos que están dispuestos a mentir acerca de su verdadera condición para
robarle Fondo Fiduciario de la Seguridad Social. Estoy muy agradecido por los
esfuerzos de todos nuestros socios de la ley involucrados en esta investigación
y por el continuo compromiso de la Procuraduría de los Estados Unidos para el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de perseguir agresivamente estos
importantes casos”, añadió el agente John Grasso.
Estos casos
fueron investigados por la Oficina del Inspector General del Departamento de
Salud, con la colaboración de la Oficina de Salud y Servicios Humanos Inspector
General y la Policía de Puerto Rico, y fueron procesados por la asistente
especial de la fiscal de los Estados Unidos, Vanessa D. Bonano Rodríguez.
Escrito y retrato por Paola Arroyo Guzmán, EL VOCERO. Publicación cortesía de
Vazcorp y Noticiasillescanos.net.
