PROCESO JUDICIAL INJUSTO Y
REAFIRMAN SU INOCENCIA
Coamo, 18 de
agosto de 2012. El 15 de diciembre de 2011 fueron arrestados 6 personas, en la
Reserva Agrícola de Santa Isabel, por defender la soberanía alimentaria de
Puerto Rico. La lectura de acusación fue
el 17 de agosto en Ponce y todos los acusados se declararon inocente de los
cargos. . Ese día el Fiscal del Caso no
estaba presente solamente un Fiscal Suplente desconocemos por que no estaba
presente. El juicio en su fondo comenzará el 5 de septiembre de 2012.
Los contactos
autorizados son: Dr. Robinson Rodríguez Pérez: 787-519-2144, Agro. Raúl Marí
Fernández: 787-519-8889, Rosemarie Vásquez Cruz: 787-457-4975, Javier Smith
Torres: 787-951-3694, Luis Omar García Mercado: 787-526-8017 y Edwin O. Velázquez:
787-379-4107.
Las victimas de
esta injusticia han decidido renunciar al proceso de Vista Preliminar (VP) por
considerarlo un proceso que se ha llevado de una forma amañada y pro forma.
“El mismo tribunal ha violentado nuestro
derecho de tener una justa Vista Preliminar, cuando el juez que preside la
vista, Javier Varela Rivera sirvió de asesor de Figueroa Sancha cuando era
superintendente de la Policía y es el propio Figueroa Sancha quién provee los
servicios de seguridad a Pattern Energy. Aquí hay un evidente conflicto de
interés que hubiera llevado a cualquier persona imparcial a inhibirse del
proceso. Ahora queremos que sea el pueblo quien juzgue si defender
pacíficamente los terrenos agrícolas y la capacidad de producir nuestra comida
es un delito criminal. Le retiramos la confianza al proceso judicial que junto
al gobierno de Luis Fortuño y Rivera Shatz quieren callar las voces de quienes
protestamos por el bien común”, declaró el Dr. Robinson Rodríguez Pérez,
profesor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez e imputado.
"Una y otra vez hemos presenciado la
farsa de los procesos judiciales que sólo han sido pro forma. Al encontrar
causa probable durante la Regla 6 en Alzada, la Juez Gladys González (quien a
su vez fue directora ejecutiva de la Comisión de Reglas y Calendario del Senado
bajo Rivera Schatz) revocó la decisión anterior de la Juez Zoraida Lamboy quien
reconoció el derecho a manifestarse como un derecho constitucional" señaló
el agrónomo y estudiante graduado de la UPR, Raúl Mari Fernández. “Cuando la
juez González encontró ‘causa probable’, esto nos dejó ver la evidente doble
vara del sistema judicial, que ignora la justicia por favorecer los intereses
económicos de pocas personas. También sentó las bases de la criminalización de
la protesta, rechazando completamente el derecho de la libertad de expresión
que salvaguarda la constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos,”
añadió Mari Fernández.
"La
Vista Preliminar ha sido el foro donde más hemos presenciado la corrupción del
proceso. El Juez Varela ha mostrado que la decisión está tomada de antemano por
varias acciones. Se refirió a los arrestados como delincuentes y acusados, al
comienzo de este proceso, cuando aún estamos en vista preliminar y todavía no
estamos acusados de ningún delito. El juez no es imparcial ni objetivo. En
varias ocasiones ha resuelto planteamientos de derecho de manera viciada. Por
ejemplo, la defensa solicitó la inhibición del juez por falta de imparcialidad
y la ley estipula que sea otro juez quien canalice esta moción, pero el mismo
Juez Varela resolvió ‘no a lugar’ ignorando los debidos procesos de ley”
enfatizó Luis Omar García, otro de los imputados.
Varela,
además, falló en contra de los planteamientos de la defensa quienes demostraron
la inconstitucionalidad del artículo 208 (a), pues la amplitud del 208 (a)
hasta criminaliza las huelgas obreras que paralicen un proyecto de
construcción, como una huelga portuaria, por ejemplo. Con esta acción Varela
pretende validar las pretensiones del gobierno de Luis Fortuño y Rivera Schatz
de ejercer poder ilimitado al no establecer límites a la capacidad del estado
de regular el espacio, lugar o la manera de ejercer el derecho a la libre
expresión. "Evidentemente, nos han quitado la parte de libertad en el
derecho de la libertad de expresión, porque el gobierno decide de forma
totalitaria cuándo, dónde y cómo podemos manifestar nuestros reclamos”, reclamó
Edwin Velázquez González estudiante de agricultura de la UPRM.
Van ocho
meses del proceso, que la imputada y los imputados denominan de injusto y
corrupto.“Nos sentimos en la obligación de responder y protestar ante este
sistema judicial saturado de politiquería. Ya no lo reconocemos como justo y
democrático. Ahora más que nunca entendemos que la enmienda 208 (a) y el nuevo
código penal sólo protegen los intereses de pocas personas, entregándole al
sector privado adinerado los recursos del pueblo. Por eso el gobierno de turno
necesita criminalizar a quienes pensamos diferente y defendemos nuestro derecho
a reclamar. Es un intento de intimidar a la gente y de adelantar la agenda y
los bolsillos de los grandes intereses” continuó el Dr. Rodríguez Pérez.
La pena
fija por violaciones al artículo 208(a) es de 6 meses a 3 años de cárcel. La
arrestada y los arrestados nos reafirmamos en que defender la Ley 242 del 2008
que designa los terrenos agrícolas de Santa Isabel como parte de la Reserva
Agrícola de la Costa Sur de Puerto Rico, proteger las tierras de mayor valor
agrícola que son propiedad del pueblo, defender la soberanía alimentaria y el
ejercer el derecho a protestar pacíficamente no constituye delito.
Todo lo
contrario, es un elemento fundamental de toda sociedad democrática. Javier
Smith, estudiante de economía de la UPRM y uno de los arrestados manifestó de
forma reflexiva que “ahora entendemos que la 208 (a) es sólo el inicio. Pues
las enmiendas al Código Penal también violentan y criminalizan la defensa de
nuestros trabajos, de nuestra educación, de la destrucción ambiental, en fin de
nuestro derecho a disentir, a no estar de acuerdo, a cuestionar al gobierno
cuando éste no actúa en beneficio del pueblo. Desde el 1 de septiembre, serán
criminales quienes protesten y luchen por visibilizar la opresión que vive el
99%.
Exhortamos
a que así como no vamos a reconocer este proceso injusto en que nos
encontramos, todo el que lucha tampoco debe reconocer las enmiendas al código
penal. No somos criminales, criminales son los funcionarios públicos que
corrompen el sistema” concluyó Smith.“No podemos seguir permitiendo que nos
callen y logren criminalizar la protesta cuando los cambios sociales se han
logrado precisamente luchando en la calle, reclamando, exigiendo y participando
de la toma de decisiones. Por eso, rechazamos el proceso judicial a puerta
cerrada, sólo reconoceremos los espacios donde pese más la voz del pueblo. Hoy
le negamos la supremacía al sistema judicial y al gobierno de turno para
pedirle al pueblo de Puerto Rico que sea él el que juzgue por sí mismo si
defender nuestras tierras, nuestra agricultura, nuestras playas, nuestros
derechos y exigir una sociedad más justa es un acto criminal.” Concluyó la
estudiante graduada Rosemarie Vásquez Cruz, también imputada del caso. Terminan
las citas.
En mi opinión esta injusticia es una
violación a los derechos de los pueblos
a protestar en contra de las leyes de mordaza creadas
clandestinamente y disfrazadamente por los gobiernos de oídos sordos fascistas.
Estos gobiernos de oídos sordos a los que no les importa el bienestar de sus
ciudadanos, pero sí le importa la
explotación de su gente para fines de enriquecimiento de una elite selecta de
corruptos.
Yo acuso
a este gobierno de oídos sordos y a los
pasados gobiernos de oídos sordos de explotar al pueblo económica, moral y
físicamente, además de crear una
economía de mantengo hacia el continente.
Yo
acuso a los gobiernos de oídos sordos de
crear una ley de mordaza ilegal en contra los pobres, los disidentes y
patriotas que sacrificaron su futuro en bienestar de la gente humilde y
trabajadora de Puerto Rico.
Yo acuso
de cómplice a todos los pueblos de las Naciones Unidas en aceptar esta falsa
del Estado Libre Asociado y al continente de ser el autor intelectual de esta
falsa.
Yo acuso
al gobierno actual y a sus legisladores, de ambos partidos, de crear esta ley
de mordaza con el propósito de provocar
al pueblo en posibles actos de violencia política.
Yo acuso
a ambos gobiernos de oídos sordos de no investigar las instituciones bancarias de nuestro pueblo
en cuanto a los fondos derivados del comercio de drogas ilegales.
“Toda revolución comienza con actos de
injusticia social en contra de los ciudadanos de esos pueblos y después los
gobiernos de oídos sordos se quejan del por qué en el mundo hay gobiernos de
izquierda.”
Por Ramón
Luis Vázquez Collazo de la Prensa Independiente y Noticiasillescanos.com
