R.
C. del S. 653
11
de enero de 2016
Presentada
por la Senadora, María de Lourdes Santiago Negrón
RESOLUCIÓN
CONJUNTA
Para
declarar el cese inmediato de todo pago de la deuda pública, hasta tanto el
gobierno de los Estados Unidos, los acreedores y las entidades que les
representan, accedan a una justa reestructuración de la misma, como parte de un
acuerdo mayor para ponerle fin al régimen colonial y poner en marcha un
programa de desarrollo económico libre de toda tutela o limitación colonial.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
Puerto
Rico se encuentra en una crisis financiera sin precedentes que se manifiesta de
múltiples formas: una década de contracción económica, una deuda pública
impagable, éxodo masivo y severas deficiencias en servicios públicos esenciales
como salud, educación, infraestructura y seguridad. Las medidas adoptadas por
las pasadas administraciones, consistentes en austeridad selectiva y aumento en
impuestos regresivos, lejos de paliar la situación la han agravado, al punto de
que se ha generalizado el término "crisis humanitaria" para referirse
a las dimensiones que inevitablemente alcanzará el estado de cosas en nuestro
país.
Aún
cuando no puede minimizarse el efecto que han tenido la incompetencia, la
corrupción y la politización extrema del aparato gubernamental, es inescapable
que la causa fundamental de esta crisis es estructural, resultado de la
imposición de un régimen colonial desde 1898 por los Estados Unidos. La
usurpación de nuestra soberanía sólo ha servido para adelantar los intereses
económicos y estratégicos de los EE. UU., y no el bienestar del pueblo de
Puerto Rico.
El gobierno de los EE. UU., en combinación con los partidos políticos que se han turnado en el poder en Puerto Rico, que han aceptado la subordinación política y la dependencia económica que impone la relación colonial imperante, han pretendido mantener artificial y engañosamente una economía basada en ventajas contributivas para corporaciones foráneas en menoscabo del capital nacional, en la emisión desenfrenada de deuda pública en el mercado de bonos de los EE. UU., y en la promoción de una cultura de dependencia y minusvalía.
La
ausencia de estrategias efectivas de desarrollo económico y la odiosa deuda
pública --ya incuestionablemente impagable-- han colocado a Puerto Rico en una
situación insostenible, para la cual no existe remedio alguno bajo la condición
de inferioridad política que es el Estado Libre Asociado. De continuar el país
por la ruta trazada por los que han gobernado será solo cuestión de tiempo
antes de que la desarticulación de las estructuras gubernamentales sea
irreparable. La estrategia seguida por la actual administración ha estado
marcada por la improvisación, la opacidad y la demagogia, en tiempos que llaman
a la actuación decidida, la transparencia y la franqueza.
La
situación imperante exige la reformulación radical de la relación colonial
mediante el ejercicio del derecho inalienable a la autodeterminación que le
reconocen al pueblo de Puerto Rico tratados internacionales, el derecho
internacional consuetudinario, decisiones de la Corte Internacional de Justicia
y la opinión compartida por la inmensa mayoría de las naciones del mundo.
El
Congreso y el gobierno de los Estados Unidos, son responsables de la catástrofe
que ya se cierne sobre Puerto Rico y tienen, por tanto, la obligación moral y
legal, conforme a su propio ordenamiento constitucional, de iniciar procesos
dirigidos a solucionar la crisis.
Los
partidos políticos que han ejercido el poder se limitan a promover el
continuado ejercicio de poderes plenarios del Congreso de los EE. UU. sobre
Puerto Rico mediante propuestas como la inclusión de Puerto Rico en las leyes
federales de quiebra de las que fue excluido hace treinta años, el aumento en
transferencias de fondos para servicios de salud con los cuales el Congreso
discrimina contra Puerto Rico, la exclusión de Puerto Rico de la aplicación de
las leyes de cabotaje que nunca debieron aplicar, la creación de un “súper
bono” garantizado por el gobierno federal, o la creación de una junta designada
por el presidente de los EE. UU. para aprobar y controlar toda la actividad
financiera del gobierno de Puerto Rico. Ninguna de esas medidas atiende las
causas del problema; por el contrario, reafirman la autoridad plenaria que el
Congreso ha ejercido ininterrumpidamente sobre Puerto Rico desde 1898, y
pretende continuar ejerciendo, como ha confirmado recientemente la
comparecencia del Procurador General de los EE. UU. en su alegato como amicus
curiae ante el Tribunal Supremo de ese país en el caso de Commonwealth of
Puerto Rico v. Sánchez Valle (No. 15-108), recurso apelativo de Pueblo vs.
Sánchez Valle (2015 TSPR 25).
Para
cumplir con su deber legal de facilitar un proceso de autodeterminación del
pueblo de Puerto Rico, el Congreso viene obligado a disponer del territorio y
responder a las propuestas que formule el pueblo de Puerto Rico para modificar
la relación colonial actual, con opciones no territoriales ni coloniales.
Dentro del marco del proceso de autodeterminación, el Congreso debe aprobar
todas aquellas medidas de orden económico que permitan a ambos países salir de
la crisis financiera actual dentro de un período de transición hacia una nueva
relación política basada, no en la subordinación y la dependencia, sino en la
igual dignidad de los pueblos, el respeto a la soberanía, el desarrollo
sostenible y el mayor bienestar económico y social de ambos países.
Sin
embargo, la historia de nuestra relación colonial con los Estados Unidos ha
demostrado que ese país no actuará hasta tanto se vea forzado a hacerlo. No lo
hará ni en lo que concierne a la extrema crisis financiera (salvo para proteger
sus intereses económicos nacionales, no los nuestros) ni en lo que respecta a
su obligación descolonizadora. Al igual que en Vieques, corresponde a los
puertorriqueños actuar con decisión y firmeza, anteponiendo el bienestar
presente y futuro de nuestro pueblo a cualquier otra consideración, incluyendo
los arraigados temores coloniales a la confrontación abierta con quien ostenta
el poder. En ese contexto, nuestra fuerza de negociación radica en la
posibilidad de generar condiciones que distribuyan los efectos de la inminente
crisis-- no en esperar a que el peso completo de la catástrofe recaiga sobre
Puerto Rico, con las consecuencias desastrosas que tendrá sobre nuestra
población, en particular los más vulnerables.
Proponemos,
pues, que el Pueblo de Puerto Rico, a través de su gobierno, declare de manera
frontal y determinada, el cese inmediato de todo pago de la deuda pública,
hasta tanto el gobierno de los Estados Unidos, los acreedores y las entidades
que les representan, accedan a una justa reestructuración de la misma, como
parte de un acuerdo mayor para ponerle fin al régimen colonial y poner en
marcha un programa de desarrollo económico libre de toda tutela o limitación
colonial. Sólo un claro desafío político, en sustitución de la estrategia de
súplica y sumisión que tan estrepitosamente han fallado, permitirá el
desarrollo de circunstancias que tengan como norte la recuperación real y a
largo plazo de nuestro país.
RESUÉLVESE
POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Sección
1. – Declarar el cese inmediato de todo pago de la deuda pública, hasta tanto
el gobierno de los Estados Unidos, los acreedores y las entidades que les
representan, accedan a una justa reestructuración de la misma, como parte de un
acuerdo mayor para ponerle fin al régimen colonial y poner en marcha un
programa de desarrollo económico libre de toda tutela o limitación colonial.
Sección 2. – Esta Asamblea Legislativa declara como política pública el más profundo rechazo y repudio a cualquier acuerdo o propuesta que profundice nuestra subordinación política.
Sección 3. – Copia de esta Resolución Conjunta será traducida al idioma inglés y enviada al Presidente de los Estados Unidos y a los Presidentes de ambos cuerpos legislativos del Congreso de los Estados Unidos.
Sección 4. – Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
