CON FIRMEZA Y VOLUNTAD DE CAMBIO. ESCRITO POR LCDO. CARLOS A. FRONTERA SANTANA Y
PUBLICADO POR CLARIDAD EL 26 DE ENERO DE
2016.
Coamo, 5 de febrero de 2016. Se avecina una situación de
crisis fiscal inmediata. El presupuesto 2015-2016 asciende a 9.5 billones de
dólares sin incluir el pago estimado de la deuda del Gobierno Central - la
llamada deuda constitucional - que se espera ascienda a 1.1 billones de dólares
a julio de 2016. La obligación de pago grande de la deuda ocurrirá a principios
de julio de 2016 cuando se tendría que pagar 780 millones de dólares (ya en
enero se hizo el otro pago grande que ascendió a 331.6 millones de dólares).
Pero el problema inmediato es que la proyección de ingresos ha estado por
debajo de lo anticipado al hacer el presupuesto. A lo sumo los recaudos netos
de todas las fuentes (tributarias y no tributarias y devoluciones del gobierno
federal de los arbitrios del ron y de los arbitrios cobrados a las
importaciones del extranjero hacia Puerto Rico) ascenderán a 9.1 billones de
dólares y posiblemente menos.
De manera que aun si no se pagara la deuda habría un déficit y para poder mantener las operaciones del gobierno central habría que utilizar recursos de las corporaciones públicas que conllevarían el impago de deuda de algunas de éstas para que tampoco se afecten los servicios que ofrecen. (Se hizo en enero del 2016 y es lo que se conoce como 'clawback': la capacidad del gobierno central de redirigir recursos originalmente de las corporaciones públicas, para atender las necesidades del gobierno central al amparo de un diseño institucional que le ha quitado autonomía a las corporaciones públicas en el manejo de sus finanzas y la circunstancia jurídica de que las deudas de las corporaciones públicas no gozan de la prioridad en el pago que gozan las deudas del gobierno central).
De manera que aun si no se pagara la deuda habría un déficit y para poder mantener las operaciones del gobierno central habría que utilizar recursos de las corporaciones públicas que conllevarían el impago de deuda de algunas de éstas para que tampoco se afecten los servicios que ofrecen. (Se hizo en enero del 2016 y es lo que se conoce como 'clawback': la capacidad del gobierno central de redirigir recursos originalmente de las corporaciones públicas, para atender las necesidades del gobierno central al amparo de un diseño institucional que le ha quitado autonomía a las corporaciones públicas en el manejo de sus finanzas y la circunstancia jurídica de que las deudas de las corporaciones públicas no gozan de la prioridad en el pago que gozan las deudas del gobierno central).
En resumen, debido a la insuficiencia fiscal, el gobierno
está condenado al impago de alguna de sus deudas si quiere seguir ofreciendo
los servicios al mismo nivel que el anticipado con las resoluciones conjuntas
de presupuesto que rigen el presupuesto del gobierno central para el año fiscal
2015-2016.
La insuficiencia fiscal no es sólo consecuencia de una mala
política fiscal que ha recargado de contribuciones a los residentes del País y
ha privilegiado hasta la exageración a las empresas comerciales y
manufactureras de capital no-residente. A ello hay que añadir una mala práctica
de endeudamiento, que en lugar de venir acompañada de un aumento en la
capacidad productiva del país lo que ha resultado es en poner en riesgo la
capacidad del gobierno de ofrecer los servicios esenciales mientras que la
inversión privada es insuficiente. La crisis fiscal del gobierno y la
inefectividad del endeudamiento público tiene su raíz en el estancamiento de un
modelo de desarrollo basado en la exención contributiva a las ganancias de la
inversión externa.
El estancamiento es resultado de la pérdida de acceso al
mercado norteamericano debido a las leyes de cabotaje y a los tratados de libre
comercio que Estados Unidos ha establecido con varios países vecinos (NAFTA y
CAFTA); a la incapacidad de reutilizar las ganancias exorbitantes de las
empresas beneficiarias de la Sección 936 del Código de Rentas Internas Federal
-y luego de que esta sección fuera eliminada por el Congreso de los Estados
Unidos a la incapacidad de aprovechar la Sección 901-; a la incapacidad para
proteger una agricultura nacional y diversificada - a pesar de los estudios que
se han hecho por décadas; y fuentes ligadas al Fondo Monetario Internacional
-como el Informe Krueger- y a los inversionistas norteamericanos - como la
Revista Bloomberg - han indicado como factor limitativo de la inversión privada
en la manufactura - y por lo tanto un acelerante estructural de la crisis, la
extensión a Puerto Rico del salario mínimo federal.
Si la crisis fiscal tiene su raíz en la crisis económica
y ésta a su vez tiene su raíz en el marco institucional dentro del que se desenvuelve
Puerto Rico en sus relaciones con los Estados Unidos, entonces es hora de
atender el problema de manera integral. Y si la preocupación mayor del Congreso
de Estados Unidos es el impago, pues usemos el impago como herramienta para
negociarlo todo.
Ésa es la razón de ser de la Resolución Conjunta del
Senado 653, radicada por la senadora del Partido Independentista
Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago el pasado 11 de enero. Esta
resolución ordena el impago de la deuda hasta que se negocie una justa
reestructuración de la deuda como parte de un acuerdo para ponerle fin al
régimen colonial y poner en marcha un plan de desarrollo económico sin las
limitaciones estructurales que definen esa relación colonial. Esta disposición
contemplada en la Sección 1, le daría poder de regateo al 'clawback', de manera
que este instrumento no sea mero arañazo de minino y tenga garras de verdad. La
R.C. del S. 653, también incluye una expresión de la Asamblea Legislativa en
contra de cualquier arreglo del congreso norteamericano que limite más aún los
recortados poderes del presente arreglo territorial. Es una expresión amplia
para incluir el rechazo tanto a un Síndico Federal, a una Junta de Control
Fiscal o una Junta de Supervisión.
Simultáneamente con esta medida, el presidente del
Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez, ha iniciado un
proceso de conversaciones para lograr presentar ante el Presidente de los
Estados Unidos y ante la Organización de Naciones Unidas un frente común del liderato
político puertorriqueño donde se manifieste un consenso procesal para lograr la
descolonización.
Para Puerto Rico poder atender con seriedad el problema
de la deuda su economía tiene que crecer más que el pago sobre los intereses y
el principal de la deuda. Para lograr ese crecimiento (y convertirlo en
desarrollo sustentable), Puerto Rico tiene que aumentar sus exportaciones, y
para hacerlo hacia los Estados Unidos tiene que hacerlo eliminando las leyes de
cabotaje. Pero el crecimiento orientado hacia un solo mercado ha probado ser
insuficiente y para expandir la participación de Puerto Rico en los mercados
internacionales de bienes y servicios Puerto Rico necesita la capacidad de
negociar para su propio beneficio, y de acuerdo a sus circunstancias particulares,
tratados que le aseguren materia prima para la manufactura o que le aseguren
beneficios contributivos al capital proveniente de otros países que desee
establecerse en Puerto Rico para crear empleos en la exportación. Puerto Rico
necesita ejercer los mecanismos protectivos que le permite la soberanía para
desarrollar una agricultura que le garantice seguridad alimentaria y
complementar con la sustitución de importaciones su expansión económica.
Puerto Rico necesita de un Banco Nacional que le permita
insertarse en instituciones financieras internacionales que le permitan
herramientas para atender las crisis que puedan surgir que afecten su
estabilidad financiera. Necesita un régimen de quiebras que esté claro para
todos los inversionistas y que no esté sujeto a intervenciones unilaterales de
otro país. Puerto Rico necesita la independencia.
La situación para el gobierno federal no es fácil. La
economía americana se beneficia del régimen colonial, sus inversionistas
reciben dividendos -aún en los años de crisis- que sobrepasan los 35 mil
millones de dólares; pero no parece que el gobierno federal recupere de los
contribuyentes norteamericanos lo que gastan en Puerto Rico en aquello que no
son derechos adquiridos. El gobierno federal tiene que dirimir el conflicto
entre los que se benefician de la colonia y los que pagan las contribuciones
con las que el gobierno federal pretende comprar la lealtad de los
puertorriqueños. Mantener la colonia podría requerir más gastos al gobierno
federal para mantener no ya a los residentes de la colonia pero sí a los
acreedores del gobierno territorial. En ese contexto, para algunos sectores de
la sociedad norteamericana la independencia negociada con Puerto Rico es una
solución óptima. Escrito por Lcdo. Carlos A. Frontera Santana y
publicado por Claridad el 26 de enero de
2016. Editado por Ramón Luis Vázquez Collazo de la Prensa
Independiente y Noticiasillescanos.net. Publicación cortesía de Vazcorp Corp.
