LA
CRISIS DE PUERTO RICO LLENA EL BOLSILLO DE POLÍTICOS Y CABILDEROS EN ESTADOS
UNIDOS. POR EL CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO DEL ROTATIVO CLARIDAD.
Puerto Rico, 26 de
diciembre de 2015. A continuación el escrito por Joel Cintrón Arbasetti del Rotativo Claridad.
El gobierno de Puerto Rico espera que el Congreso de Estados Unidos
incluya este viernes el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras o alguna
medida que atienda la crisis fiscalde la isla en su presupuesto de fin de año,
luego decinco vistas sobre la situación económica del país realizadas por comités
del Congreso en 2015 y que no han producido ningún resultado. Simultáneamente, demócratas
y republicanos con poder para autorizar o rechazar cualquier medida que atienda
la crisis fiscal de la isla se preparan para las elecciones del 2016, y sus
comités de campaña reciben donativos políticos de las empresas de fondos mutuos
y de fondos de coberturas que poseen deudas del Gobierno de Puerto Rico.
En
1984 las corporaciones y las municipalidades de Puerto Rico fueron excluidas del
Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras a través de enmiendas. En 2014, tras
una demanda de las empresas de fondos mutuos Oppenheimer Fund y Franklin
Templeton al gobierno, el Tribunal Federal en Puerto Rico y el Primer Circuito
de Boston declararon inconstitucional la “Ley de Quiebra Criolla”, que permitiría
a las corporaciones públicas reestructurar su deuda. La semana pasada el
Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que evaluará nuevamente la decisión.
Las firmas de inversión que esperan cobrar de la deuda de $72 mil millones del
Estado Libre Asociado y sus corporaciones se han dividido en dos bandos: las
que se oponen y las que están a favor de una reestructuración de la deuda o de
que se extienda a la isla el Capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras. Los demócratas
han dicho que apoyan un proyecto de ley, el H.R. 870, introducido en febrero en
la Cámara de Representantes por el Comisionado Residente en Washington, Pedro
Pierluisi, y que busca extender a Puerto Rico el Capítulo 9 de Ley Federal de
Quiebras. Los republicanos, en su mayoría, se oponen a esta medida.`
La influencia política de los fondos de cobertura. Tradicionalmente los empleados de los fondos de cobertura, entre los que se
encuentran los fondos buitre, habían donado a campañas políticas en su carácter individual, pero no fue
hasta el año 2007 que esta industria emergió como un sector significativo en el
juego político estadounidense. La economista y periodista Monica
Vendituoli, observa que el crecimiento de la industria
de los fondos de cobertura como grupo político influyente coincidió con el
aumento del escrutinio legislativo hacia la industria financiera de la cual son
parte. Los fondos de cobertura habían donado principalmente a las campañas de
demócratas hasta el 2010, pero en 2012 los demócratas recibieron solo el 24 por
ciento de las contribuciones de la industria de los fondos de cobertura. Los
fondos de cobertura gastaron más de $7.1 millones en cabildeo y más de $40
millones en donativos políticos para el ciclo de elecciones de 2012, más del
doble de lo que invirtieron en el 2008, según el Center
for Responsive Politics.
La mayor preocupación de los fondos de cobertura entre 2010 y 2012 era la
implementación de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.
Esta ley, firmada por el presidente Barack Obama en julio de 2010, buscaba
prevenir otra recesión y crisis económica como la iniciada entre 2007 y 2008 en
Estados Unidos, cuando ocurrió el tumulto económico más grande en la historia
después de la gran depresión de los años ‘30, según el economista Joseph
Stiglitz. Esta crisis se vinculó a la especulación de la industria
inmobiliaria, los bancos y las firmas de inversión de Wall Street .La ley Dodd
Frank introdujo cambios significativos al capitalismo financiero. En uno de sus
artículos, por primera vez se requiere a los fondos de cobertura que se
registren bajo la ley de "asesores de inversión" y aumenta la
cantidad de informes requeridos por varias agencias federales a los asesores
financieros, entre los se cuentan, a partir de esta ley, a los fondos de
cobertura. A cincos años de haberse firmado, algunos sectores dicen que es insuficiente y piden más regulación para el
sector financiero, mientras, los republicanos buscan debilitarla en el
Congreso, según un editorial de The New York Times.
Súper PAC: campañas políticas, ¿no coordinadas? Los donativos individuales a comités de candidatos políticos en Estados
Unidos no podían exceder los $2,700 por persona. Mientras, las corporaciones y
los sindicatos no podían hacer donativos políticos ni gastos relacionados a las
elecciones .Pero desde el 2010, a partir del caso Citizen United vs. FEC, las
corporaciones, los sindicatos y los individuos tienen una nueva opción para
hacer donativos políticos en Estados Unidos: los Super Pacs. Estos comités se
establecen para recaudar una cantidad ilimitada de dinero para campañas que
atacan o promocionan candidatos, pero no pueden coordinar estas campañas con
los candidatos ni con los partidos que apoya n“.Por ejemplo, vean el Super Pac
de Marco Rubio.
No pueden coordinar con Marco Rubio. Los Super Pacs no pueden coordinar con
los candidatos que apoyan pero pueden hacer desembolsos independientes
ilimitados provenientes de cualquier fuente, como corporaciones, individuos,
etcétera”, explicó Will Tucker, periodista de la organización Open Secrets, una
base de datos especializada en campañas políticas y donativos. ¿Cómo el político
va a saber quiénes le donaron? “Es una buena pregunta, porque entonces levanta
el cuestionamiento de si la campaña en realidad es coordinada o no”, contestó Tucker.
“Citizens United abre paso a la participación de empresas y corporaciones,
acentúa el poder de emporios poderosos, quita regulaciones, amplía el monto
permitido y a través de eso se violenta el balance entre libertad de expresión
y la transparencia”, comentó Marcia Rivera, socióloga y analista política.
60 Plus, Mainstreet Bondholders y Center for Individual Freedom. Otra opción para influir en la política es la creación de organizaciones
sin fines de lucro 501c4 que se desempeñan como grupos de presión política.
Este tipo de corporaciones registradas bajo la Sección 501 del Código de Rentas
Internas (IRS), “frecuentemente pueden utilizar su dinero para influir (políticamente),
usando gastos independientes y no tienen que decir cómo recibieron el dinero”,
explicó Tucker. Un ejemplo de este tipo de organización es 60 Plus, la cual creó
el proyecto “Mainstreet Bondholders” y en Puerto Rico ha convocado a una
coalición de personas con bonos del gobierno. La entidad 60 Plus es una que
dice representar a personas mayores y está financiada principalmente por los
multimillonarios David y Charles Koch. A este tipo de organización le está prohibido que su propósito principal sea
influir en temas de política partidista, pero no se les requiere revelar quiénes
son sus donantes. Mainstreet sea influir en temas de política partidista, pero
no se les requiere revelar quiénes son sus donantes. Mainstreet Bondholders
cabildea en Estados Unidos y en Puerto Rico en contra de la reestructuración de
la deuda del gobierno y en contra de que se extienda el capítulo 9 de la Ley
Federal de Quiebras a la isla.
En Puerto Rico han invertido decenas de miles de dólares en pautas mediáticas
en radio, periódicos impresos y en internet en contra de la Ley Federal de Quiebras
y de las posturas de la administración actual. El CPI preguntó a Matthew
Kandrach, vicepresidente de 60 Plus, quien estuvo en Puerto Rico, quiénes son
los donantes de su organización y cuánto han invertido en pautas mediáticas
relacionadas al tema de la deuda de Puerto Rico. Kandrach rehusó a revelar la
información. En 2014, la organization Citizens for
Responsibility and Ethics presentó una querella en contra de 60 Plus y
su presidente Amy Noone Frederick al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés),
por violar la ley federal al no revelar $11 millones que el grupo gastó en
actividades políticas en 2010 y 2012. En informes firmados por Frederick, 60
Plus informó a la FEC que gastó $6,719,111 en “gastos independientes” para
campañas políticas en 2010, y otros $4,615,957 en 2012. La mayoría de esos
fondos se usaron en la producción y transmisión de anuncios de televisión
apoyando la candidatura del republicano Mitt Romney a la presidencia y otros en
contra de demócratas candidatos al Congreso. Pero a pesar del informe en FEC y
los contenidos del anuncio, el grupo no informó esos gastos al IRS.
Jordán Libowitz, director de comunicación de Citizens for Responsibility
and Ethics, explicó al CPI a aún no se conoce el resultado de la investigación
del IRS contra 60 plu sO. tra organización sin fines de lucro 501(c4) que tiene
campaña en contra del Capítulo 9 para Puerto Rico es Center for Individual
Freedom, una agrupación conservadora que en 2012 reservó 1.9
millones para gastos en campañas mediáticas en contra
de políticos demócratas. Este año, el Center for Individual Freedom ha gastado
$26,000 en cabildeo en el Congreso, incluyendo su oposición al Capítulo 9. “Mínimo
debería haber un requisito en ley de que los donantes se tienen que
identificar. Yo pienso que como parte de la democracia, el pueblo, la prensa,
debe tener acceso a los nombres, las direcciones de los donantes y si son
corporaciones saber qué corporaciones están donando y si son individuos de
igual manera. Estoy a favor de que haya más transparencia en el proceso
electoral y de donativos”, dijo Pierluisi en entrevista con el CPI.
"En Estados Unidos se pasaron
medidas que dan el poder a quienes tenían que ser fiscalizados. (Con el caso de
Citizens United) se ha abierto una especie de mercado electoral. Quien aporta
lo hace a cambio de alguna expectativa. Se hace una análisis de futuro, como en
las finanzas; eso se ha naturalizado”, opinó Rivera. “Quien más dinero tiene,
quien más dinero aporte a la campaña, más consigue. Hablar de democracia
americana es una falsedad, un mito. Yo aporto un millón de dólares a la campaña
de un senador. Obviamente, ¿que intereses tiene ese senador en mente? Los míos.
Y vemos que cada vez pasa más, más multimillonarios aportan a la campaña y esos
multimillonarios tienen una alta facilidad de no tan solo elegir sino mantener
gente en el Congreso y en el Senado. Es un país donde menos del 50% de la
población participa (del proceso eleccionario), para participar necesitas
dinero, necesitas dinero para ganar y ellos responden a quien le pagó la campaña”,
añadió Giménez Lucchetti E. n Estados Unidos, una nación de más de 320 millones
de habitantes, sólo 158 familias y las compañías que poseen han donado casi la
mitad del dinero que ha entrado a la Casa Blanca, $176 millones solo en la
primera fase del ciclo eleccionario de 2016, según el New
York Times.
“Están empezando, todavía estamos en
primaria. Están calentando”, comentó Giménez Lucchetti. ¿Cada cuánto tiempo los
políticos verifican las listas de donativos para ver quién y cuánto dinero han
donado a sus campañas políticas?, preguntó el CPI a Lucchetti. “Eso es como un
tecato: ellos saben quién le da y quién no le da. Ellos saben quién le da
continuamente. Hay tantos intereses tratando de influenciar la política pública
que a veces hay intereses a favor y en contra de una medida, y ambos intereses
son igualmente poderosos o ambos intereses han tenido un peso o cierta
influencia en el candidato o en el partido”, contestó Lucchetti, quien
considera que las vistas del Congreso se han convertido en un procedimiento “proforma”.
“En teoría, tú escuchas a las partes y los tomas en consideración.
Desafortunadamente hace algún tiempo atrás las vistas públicas dejaron de
ser el ejercicio de escuchar a las partes y tomar en consideración, sino que ha
sido algo proforma, que conste para récord de que escuchamos a las partes”,
dijo Giménez Lucchetti. El Comisionado Residente acepta que “la razón de ser de
estas vistas es que tienen que atender el tema, o lo mínimo tienen que escuchar.
No tienen alternativa, porque el tema de Puerto Rico ha generado tanta prensa,
en Washington, en Nueva York, en Europa, que no pueden ignorarlo… lo mínimo que
tienen que hacer (los miembros del Congreso) es ‘versarse’, informarse”, dijo
Pierluisi. “Las vistas yo creo que son bastante proforma. Que haya habido tres
vistas no representa que haya ningún interés por Puerto Rico, al menos de forma
estructurada, de meterse en este lío”, comentó Marcia Rivera.
El cabildeo
por el “Chapter 9”. El cabildeo por las dos medidas que se han sometido en el
Congreso para
extender a Puerto Rico el Capítulo 9 suma más de de $1,377,800 en contra y
$1,010,000 a favor en los tres trimestres que van de 2015. Estas cantidades
podrían ser mayores, ya que en algunos casos, en los informes decabildeo de la
Cámara y el Senado federal se incluyen varios proyectos bajo un mismo
presupuesto, y no se especifica qué cantidad fue a cada proyecto en particular
.Los esfuerzos del gobierno a favor de la medida se canalizan a través de las
firmas Podesta Group, Smith Dawson & Andrews, The Roth Group y Primer
Policy. En total, el Estado Libre Asociado ha desembolsado $300,000 en 2015, un
total que incluye esfuerzos de cabildeo para otros asuntos que no están
relacionados al Capítulo 9. Otro jugador que cabildea a favor del Capítulo 9 es
Empresas Fonalledas. En los tres cuatrienios que van de 2015 ha gastado
$490,000 en cabildeo a favor de esta medida a través de las firmas East Por LLC
y Akin Gump L. os fondos buitre Blue Mountain, Knighthead, Marathon Asset,
Angelo Gordon & Co. Han cabildeado en contra junto a la aseguradora Ambac
Financial Group, el Center for Individual Freedom y National Public Finance
Guarantee Corp. “En los cabilderos la ideología ha pasado a otro plano y se han
impuesto los intereses de los cabilderos y sus negocios. No es tanto el peso de
la visión ideológica, sino estar seguros de que gane uno u otro”, opinó Rivera.
“El cabildeo es una industria que vive de esos intereses. Si tú te opones yo
cabildeo en contra. Yo sé que ustedes van a ganar, pero yo gano dinero
cabildeando en contra tuyo. Es capitalismo salvaje. El cabildear en contra de
algo que es imposible derrotar es parte del negocio. Los cabilderos saben pero
dan esperanza de que te podemos hacer ganar aunque saben que no. Ese es el
juego de la -entre comillas- democracia norteamericana”, comentó Giménez
Lucchetti .¿Pero tiene influencia esa estrategia en los políticos? “Muy poca.
Cuando están claros a favor de una parte, pues no”, concluyó Giménez Lucchetti.
Esta historia tuvo la colaboración de Laura Moscoso y Carla Minet. (© Claridad 2004-2009 |
http://www.claridadpuertorico.com | Generado: dic 26, 2015). Termina el escrito por Joel Cintrón Arbasetti del Rotativo Claridad. Editado por Ramón Luis Vázquez
Collazo de la Prensa Independiente y Noticiasillescanos.net. Publicación
cortesía de Vazcorp Corp.
